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Este proyecto de ley dota de más recursos, derechos y oportunidades al personal del ámbito público de I+D+I, especialmente a los jóvenes. Además, garantiza por primera vez una financiación pública de la I+D estable y creciente con el objetivo de que alcance el 1,25% del PIB en 2030, de conformidad con el Pacto de la Ciencia y la Innovación.
La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha informado que esta norma da impulso a la ciencia y la innovación en nuestro país conectando nuestro sistema con Europa y con el mundo, así como el objetivo de resolver los fallos del sistema de I+D+I, ha sido debatido y consensuado con las organizaciones científicas y empresariales más representativas, así como con los grupos políticos.
Entre las medidas para mejorar la carrera científica y técnica en el ámbito de la I+D+i, el texto recoge una nueva modalidad de contrato indefinido vinculada al desarrollo de actividades científico-técnicas para todo tipo de personal de investigación en el marco de líneas de investigación definidas y en contratos de I+D+i.
La norma también recoge medidas para estimular la atracción de talento a España y la movilidad del personal de investigación, con facilidades para la contratación de personal extranjero y la posibilidad de la doble adscripción en nuestro país y fuera de él.
El personal técnico de Organismos Públicos de Investigación adquiere nuevos derechos, como la posibilidad de movilidad profesional, de estancias formativas temporales o de colaboración en empresas tecnológicas.
Otro de los ejes del proyecto de ley está orientado a reducir las cargas administrativas del sector de I+D+i. Por ejemplo, en materia de subvenciones públicas, la norma introduce medidas para facilitar tanto el procedimiento de concesión de ayudas como el de justificación por parte de los beneficiarios.
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