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La transición ecológica se apoya en los siguientes objetivos medioambientales: la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, el uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, la economía circular, la prevención y control de la contaminación y la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas. Los proyectos perseguirán uno o varios de estos objetivos medioambientales mediante la generación de conocimiento científico, el desarrollo de tecnologías o el soporte a las políticas medioambientales, aplicados a las actividades productivas, a la protección de los recursos naturales y a la calidad de vida de las personas y de la sociedad en su conjunto.
La transición digital pretende potenciar las infraestructuras, competencias y tecnologías necesarias para una economía y una sociedad digital, a través de la digitalización toda la cadena de valor en sectores tractores, aprovechando plenamente las sinergias y oportunidades de los nuevos desarrollos tecnológicos y de gestión de datos, usando tecnologías digitales disruptivas, y poniendo en el centro del proceso a las personas y sus derechos digitales.
Los proyectos de transición ecológica que se financien se dirigirán a aspectos como la descarbonización, la eficiencia energética, el despliegue de las energías renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo del almacenamiento de energía, las soluciones basadas en la naturaleza, la restauración ecológica, la economía circular y la mejora de la resiliencia de todos los sectores económicos, entre otros, con la finalidad de contribuir a los objetivos medioambientales de la transición ecológica recogidos en el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020.
Los proyectos de transición digital que se financien se orientarán a la generación de conocimiento científico, el desarrollo de tecnologías o el soporte a las políticas en aspectos como la agenda urbana, la educación, la agricultura, el turismo, la industria, la movilidad, la modernización de la Administración pública, la ciberseguridad o la nueva economía de los cuidados, entre otros. Para ello será preciso usar tecnologías digitales disruptivas, y poner en el centro del proceso a las personas y sus derechos digitales.
Presupuesto: 296.072.000 €
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