Las inversiones se dirigirán principalmente a los sectores de química (incluida farmacia), industria de la electrónica y TIC, industria del transporte, biotecnología y agroalimentación, energía y bienes de equipo. A través de este instrumento, el sector público comparte riesgo con las empresas innovadoras españolas que
apuestan por el crecimiento, el empleo de calidad y la competitividad internacional.